En este artículo conocerás una breve historia del aborto en Colombia y podrás «resolver dudas frecuentes sobre el derecho al aborto.»
El derecho al aborto en Colombia ha estado en la agenda pública de nuestro país desde las décadas de los 60 y 70 gracias a mujeres pioneras del movimiento feminista por el derecho a decidir en Colombia, algunas de ellas congresistas, y sus reclamos del reconocimiento de derechos ante el Estado para que así las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas plenas.
En 2020, gracias a la demanda interpuesta por el movimiento Causa Justa para la eliminación del delito de aborto del Código Penal, surge la Sentencia Causa Justa (C-055 de 2022), con la que se logró la eliminación del delito del aborto hasta la semana 24 de gestación y el reconocimiento del modelo de causales (de 2006) después de este período, sin límite de edad gestacional en el acceso al procedimiento.
¿QUÉ ES EL ABORTO?
El aborto según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la interrupción de un embarazo antes de que el feto sea capaz de sobrevivir o mantener una vida extrauterina independiente. Se recomienda que sea realizado de manera legal y segura, al ser una de las principales causas de morbilidad, discapacidad y mortalidad materna. El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos (SUDH) reconoce a la IVE como un derecho, aceptando que las mujeres son sujetos de derechos autónomos capaces de tomar desiciones frente a su reproducción.
¿CUÁL ES LA HISTORIA DEL ABORTO EN COLOMBIA?
Según el documento “La despenalización del aborto en Colombia: una Causa Justa” realizado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en 2019, el movimiento feminista ha pasado por tres etapas en el camino de la despenalización de aborto ubicadas a partir de la década de 1970 hasta finales de la de 1990. Estas han sido definidas por distintos Códigos Penales y decisiones legislativas.* En efecto, las leyes en contra del aborto se evidenciandesde los códigos penales de 1837 y 1890; los cuales establecieron penas de prisión para quienes, mediante violencia, hicieran que una mujer abortará sin su consentimiento, diferenciando el intento de aborto al aborto consumado. Luego, el Código Penal de 1936 sancionó a las mujeres que se practican o dejarán que otro les practicara un aborto con una pena de uno a cuatro años.
Después, en una de las primeras etapas del movimiento feminista, ubicada en las décadas de 1970 y 1980, las leyes comenzaron a cambiar cuando las feministas iniciaron acciones directas exigiendo el derecho al aborto. Entre estas, se encontraban en la calle y producían documentales que no tenían como interlocutor único al Estado, dado que reconocían la marginalidad que tenía aún el movimiento. Lo anterior, se ejemplifica en las medidas insuficientes que fueron legisladas, ya que el Código Penal del año 1980 continuó dando pena de cárcel a quien se realizara un aborto, solo que esta vez redujo el tiempo de condena a tres años y los funcionarios judiciales podían dar excepciones de tiempo a quienes lo realizaran por acceso carnal violento, abusivo o inseminación artificial no consentida.
Por todo esto, a inicios de la década de 1990, se presentó la segunda etapa del movimiento feminista en pro del derecho a decidir. Ellas lograron una mayor incidencia en el poder legislativo, aunque no consiguieron progreso en materia de la IVE. Sus sucesoras, a finales de la misma década, sí tuvieron un esencial avance con la conformación del colectivo ‘La Mesa por la “Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres’, cuya misión aún perdura en la despenalización total de aborto. En este punto tuvo influencia la creación de otras organizaciones como lo fueron ‘Fundación Oriéntame’ en el año 1976, ‘Sí, mujer’ en el 1984 y ‘Promujer’ en 1990.
Pese a que entre 1975 y 2006 se radicaron en el Congreso seis proyectos a favor de la despenalización parcial del aborto, fue hasta el 10 de mayo de 2006 con proyecto LAICIA (Litigio de alto impacto en Colombia: la inconstitucionalidad del aborto), ideado por Womens Link, que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres circunstancias. Este acontecimiento marcó la historia de los derechos sexuales y reproductivos en el país, aunque seguía sin ser suficiente. Por un lado, el actual Código Penal aún dice que el aborto es un delito, haciendo la distinción de que un funcionario judicial puede omitir la pena en condiciones extraordinarias de motivación, lo que no quita que sea considerado ilegal. Por otro lado, el sistema de causales vulneraba los derechos de las mujeres y aumentaba las barreras de estas para acceder a la IVE.
Entre 2006 y 2017 el trabajo de La Mesa se centró en la implementación de las causales. En 2014 una tutela acompañada por La Mesa llegó a revisión de la Corte Constitucional. En esta oportunidad, la Corte reiteró los estándares relacionados con las obligaciones de i) tramitar con prontitud y celeridad las solicitudes de IVE, y ii) no presionar o descalificar a las mujeres que desean acceder a este servicio de salud (sentencia T-532 de 2014). Durante el 2015, La Mesa intervino en dos acciones de tutela que llegaron a revisión de la Corte, en las cuales se reiteraron los estándares relacionados con la obligación de mejorar los protocolos de atención a la IVE al interior de las IPS, y las funciones del ICBF en los casos de niñas y adolescentes que desean acceder (Sentencias T-697 y T-73). Conoce más aquí.
En 2016 La Mesa publica su primer informe “Las causales de la ley y la Causa de las mujeres” donde plantea tres categorías analíticas como marco de interpretación del estado de implementación de la Sentencia C-355 de 2006: desconocimiento del marco legal vigente, interpretación restrictiva del mismo y fallas en la prestación del servicio de IVE.
Con la evidencia de múltiples barreras de acceso al servicio de IVE y la ambigüedad de tener un delito y al tiempo un derecho sobre la misma prática, en 2017, nace el Movimiento Causa Justa, que se consolida en 2020 como una iniciativa de La Mesa, con más de 90 organizaciones feministas, de mujeres, derechos humanos, academia, personas de la salúd y 134 activistas que buscan la eliminación del delito de aborto y la despenalización social. Entre el 2018 y 2019 se consolidaron los 90 argumentos para el debate sobre la despenalización total del aborto en Colombia. También en el 2020, presentamos la demanda de inconstitucionalidad del delito de aborto ante la Corte Constitucional.
Finalmente, en 2022 conseguimos un fallo histórico (Sentencia C-055 de 2022) que eliminó el delito de aborto hasta la semana 24 de gestación y luego de este periodo mantiene vigente el modelo de causales (Sentencia C-355 de 2006) sin límite de edad gestacional. Esta decisión amplia el derecho al aborto en Colombia; permitiendo a las mujeres, las niñas, hombres trans y personas no binarias interrumpir el embarazo según sus propias razones y sin la amenaza de ir a la cárcel hasta la semana 24, y luego acceder bajo las tres causales ya reconocidas.
*Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. (CEDAW). Adoptado por Colombia a través de la Ley 051 de 1981.
*Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. (Belém do Pará). Adoptado por Colombia a través de la Ley 248 de 1995.