En la sentencia C-355 de mayo de 2006, en Colombia se reconoció la IVE como un derecho al que las mujeres podían acceder bajo las tres causales mencionadas anteriormente, bajo las cuales el delito de aborto no aplicaba. Adicionalmente, la Corte Constitucional también señaló que las mujeres y las niñas no son instrumentos de reproducción y que se viola el derecho a su dignidad cuando se les considera como tal.  Según el Alto Tribunal, la penalización total del aborto cosifica a la mujer y viola el ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida, la salud, los derechos de las niñas y adolescentes, la libre expresión de la personalidad, entre otros. 

En los últimos quince años se han emitido varias sentencias con estándares queson de obligatorio cumplimiento en Colombia en relación al aborto y han contribuido a la aprobación de la Sentencia Causa Justa C-055 de 2022 que despenaliza el aborto hasta la semana 24.6 de gestación. En este apartado se recordarán algunas de ellas con sus respectivas determinaciones.

• Sentencia T-988 de 2007: Determinó que la causal de violencia sexual, incesto, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido, tiene como único requisito haber denunciado el hecho punible ante las autoridades competentes. Además aclaró que no se puede exigir evidencia forense de penetración sexual ni pruebas que expresen que la relación sexual fue involuntaria o abusiva. Asimismo, tampoco debe haber ningún permiso o autorización de terceros como el marido o de los padres de la mujer o niña para que ésta pueda acceder a la IVE.

• Sentencia T-209 de 2008: Fue la primera sentencia en estipular reglas frente a la objeción de conciencia (OC), entre estas: la OC es un derecho solo reconocido a las personas naturales y no puede presentarse de manera colectiva, es decir un médico puede presentarla, pero la EPS como institución no puede hacerlo; la OC debe estar motivada en una convicción de carácter religioso y presentarse de manera individual en escrito, no puede tratarse de la opinión que tenga el médico frente a si está o no a favor del aborto; el médico que presente una OC tiene la obligación de remitir inmediatamente a la mujer a otro médico que sí pueda llevar a cabo el procedimiento; y las EPS e IPS deben, obligatoriamente, tener definido qué médicos están habilitados para practicar el procedimiento de IVE.

• Sentencia T-388 de 2009: Estableció nuevas reglas con respecto a la objeción de conciencia, dentro de las cuales se encuentran: si solo existe un profesional de medicina que pueda practicar la IVE, entonces deberá realizar el procedimiento así sea objetor; el único personal que tiene la posibilidad de objetar conciencia es aquel que realiza directamente la IVE, no pueden ser objetores los administrativos o jueces; no puede admitirse la objeción de conciencia cuando las consecuencias negativas afecten gravemente los derechos fundamentales de las mujeres; la OC debe hacerse por escrito y contener las razones por las cuales la IVE está en contra de sus más íntimas convicciones y quién será el personal médico al que remite a la mujer; el desconocimiento de la sentencia C-355 de 2006 puede dar lugar a delito de prevaricato por acción y/o faltas disciplinares; y finalmente, está prohibido utilizar formatos para objetar conciencia, hacerlo de manera colectiva, objetar a nombre de un tercero y no tener certeza de que el profesional al que se remite el caso no sea objetor de conciencia.

• Sentencia T-585 de 2010: Reconoció que la sentencia C-355 estableció un verdadero derecho fundamental a la IVE, inscrito dentro de la categoría de derechos reproductivos (DR), lo que implica un conjunto de obligaciones de respeto y de garantía por parte del Estado y de los prestadores del servicio de salud. Lo anterior incluye una faceta de diagnóstico que debe ser oportuna, por lo cual las IPS y EPS están en la obligación de contar con protocolos de rápido diagnóstico.

• Sentencia SU-096 de 2018: Esta sentencia recopiló los estándares y deberes de protección derivados del derecho fundamental a la IVE, algunos de ellos son:

1. Suministrar información oportuna, suficiente y adecuada en materia reproductiva.
2. Disponibilidad de los medios necesarios para la materialización de la IVE en todos los niveles de complejidad y en cualquier etapa del embarazo.
3. Derecho a la intimidad en materia reproductiva y confidencialidad por parte de los profesionales de la salud.
4. Derecho a un diagnóstico oportuno y actual sobre el estado y condiciones del embarazo.
5. El plazo razonable para dar respuesta y llevar a cabo la IVE es de cinco días.
6. La emisión del certificado médico corresponde a los profesionales de la salud, incluidos los psicólogos, quienes podrán emitir conceptos para la certificación de la IVE.
7. El marco normativo no impone límites a la edad gestacional para la realización de la IVE.
8. Las menores de edad tienen plena autonomía para decidir sobre la IVE.

En adición, la sentencia SU-096 de 2018 exhortó al Congreso una vez más para que regulará la IVE con el fin de avanzar en la protección del derecho y buscando eliminar las barreras que la Corte reconoció que persisten. En la misma línea, ordenó al Ministerio de Salud emitir una regulación para todas las EPS con las reglas dispuestas por la jurisprudencia en materia del derecho fundamental a la IVE. En la sentencia C-055 de 2022, la Corte Constitucional reiteró esta orden a través de un nuevo exhorto al Congreso y al Gobierno para que formulen e implementen, tan pronto como sea posible, una política pública integral en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos que, sin dar lugar a retrocesos, proteja los derechos de las mujeres y genere una regulación por fuera del ámbito penal. 

• Sentencia C-055 de 2022: Esta sentencia amplió el derecho al aborto, permitiendo así que mujeres, niñas y personas gestantes puedan interrumpir su embarazo según sus propias razones y sin la amenaza de cárcel, durante las primeras 24 semanas de gestación, y después de este plazo, bajo las causales establecidas desde el año 2006 en la Sentencia C-355, sin límite de edad gestacional. Lo anterior, dado que la Corte reconoció que el delito de aborto es ineficaz, injusto y discriminatorio, en tanto es una barrera para acceder a la IVE, que impacta de manera desproporcionada a las mujeres que se encuentran en mayores contextos de vulnerabilidad, y no hace que las mujeres desistan de practicarse un aborto.