Todo sobre la sentencia causa justa y el primer año de aborto despenalizado

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Todo sobre la Sentencia Causa Justa y el primer año de aborto despenalizado

En este artículo te contamos todo acerca de cómo va la implementación de la Sentencia Causa Justa en su primer año. Recuerda que hoy en Colombia las mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias pueden interrumpir su embarazo bajo sus propias razones o argumentos hasta la semana 24 de gestación gracias al fallo histórico de la Sentencia C-055 de 2022.

¿Cuál es el contexto del aborto en el país?

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue reconocida como un derecho fundamental en el año 2006, cuando la Corte Constitucional en la sentencia C- 355 despenalizó el aborto bajo tres causales. Si bien este fallo estableció la garantía efectiva de la IVE, durante más de 15 años de implementación se evidenciaron múltiples barreras de acceso que dificultaron e imposibilitaron el acceso a este servicio de salud en condiciones oportunas, dignas y de calidad. Estas barreras, relacionadas principalmente con la existencia del delito de aborto, llevaron al Movimiento Causa Justa a presentar ante la Corte Constitucional una demanda que dio origen a la Sentencia C-055 de 2022, donde se eliminó el delito de aborto hasta la semana 24. Actualmente se encuentran vigentes ambas sentencias, lo que significa que el aborto es libre durante las primeras 24 semanas y después de este plazo en el marco de las causales despenalizadas en el año 2006. Para conocer más lee nuestro artículo “Marco Legal para el aborto en Colombia” y “¡Libertad para decidir! Te explicamos la Sentencia Causa Justa (C-055 de 2022)”

¿De dónde surgen los datos del primer año de implementación de la Sentencia Causa Justa?

En el marco del primer año de la Sentencia C-055 de 2022, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Fundación Oriéntame, como integrantes del Movimiento Causa Justa, presentaron un balance de la implementación de esta decisión de la Corte Constitucional. Los datos de este informe se extraen del acompañamiento legal y gratuito que realiza La Mesa a mujeres que enfrentaron barreras de acceso a la IVE desde febrero de 2022 hasta febrero de 2023 y la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva de la Fundación Oriéntame en este mismo periodo.

¿Qué ha ocurrido con el derecho al aborto tras un año de la Sentencia?

Durante el primer año de implementación de este fallo histórico, se presentaron algunos avances importantes y también retos en la garantía del derecho fundamental a la IVE. Como parte de estos avances, se destaca la emisión de la Circular 044 de 2022, y la Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, que reiteran los estandares constitucionales fijados por la Corte y relacionados con el reconocimiento de la IVE como un derecho fundamental y servicio de salud esencial, gratuito, y urgente, que tienen todas las mujeres, hombres trans y personas no binarias nacionales o extranjeras que así lo requieran. Estos son algunos de los estándares recopilados por el Ministerio de Salud en la Resolución 051: (i) la obligatoriedad de los profesionales de salud de guardar el secreto profesional; (ii) el reconocimiento de la autonomía reproductiva de niñas y adolescentes; (iii) la prohibición de la objeción de conciencia institucional; y (iv) la prohibición de realizar prácticas discriminatorias o imponer barreras.

Otro de los avances importantes identificados durante el primer año de implementación de la sentencia, es que el 66% de las atenciones de La Mesa correspondieron a asesorías y 34% a acompañamientos legales. Respecto al período anterior, se evidencia un aumento en un 14% de las mujeres que acudieron a La Mesa durante el primer año de la sentencia en búsqueda principalmente de información, y una consecuente disminución del 11% en las mujeres que acudieron a La Mesa y requerían el acompañamiento legal a través de acciones administrativas o legales para lograr el acceso efectivo a la IVE. Esto puede indicar que: (i) la cobertura mediática que tuvo la sentencia generó mayor interés en el derecho a la IVE y su ruta de acceso; (ii) las mujeres no están obteniendo esta información en el sistema de salud y, por tanto, requieren comunicarse y obtenerla a través de otros medios como La Mesa; y (iii) que con la despenalización hasta la semana 24, y con ello la eliminación de requisitos para el acceso, resulta ahora más fácil para las mujeres tramitar directamente sus solicitudes de IVE tan solo con la asesoría de La Mesa y sin el acompañamiento legal.

También hemos encontrado que con la disminución del uso del derecho penal, con menos requisitos y más información, las mujeres intentan obtener y solicitar tan pronto como sea posible el servicio de IVE. Contrario a lo manifestado por quienes se oponían a la sentencia, el informe demuestra que no hubo un aumento de solicitudes de IVE de mujeres con edades gestacionales mayores a la semana 24. De hecho, según la experiencia de Oriéntame en la prestación de este servicio durante el primer año de implementación de la sentencia, el 93 % de las mujeres se realizó el procedimiento en esta institución de salud durante las primeras 12 semanas de gestación. El acompañamiento legal realizado por La Mesa durante el primer año de la sentencia, señala también que “el 55% de las mujeres atendidas se encontraban dentro de las primeras 12 semanas de gestación, el 19 % entre la semana 13 y la 20, el 10 % entre la 21 y la 24, y, el 15 % tenía más de 24 semanas de gestación. (Sobre el 1% no se cuenta con información)”

Así mismo, se identificó como otro avance el aumento en el porcentaje de mujeres que costearon su procedimiento a través de su EPS (15 puntos porcentuales entre las mujeres atendidas por La Mesa) y el incremento en el porcentaje de mujeres que consultaron a La Mesa durante las primeras 12 semanas de embarazo (27 puntos porcentuales, al pasar del 28% al 55%). Lo anterior puede indicar, por un lado, que las EPS están cumpliendo en mayor medida sus obligaciones frente a la garantía de la IVE, y que las mujeres tienen mayor disposición a pedir el servicio como parte de los beneficios del sistema de salud.

^[1]Causa Justa. (2023) ““Primer año del fallo histórico ¿cómo va la implementación de la sentencia Causa Justa (C-055 de 2022)?”

¿Cuáles son otros datos relevantes extraídos del informe?

El 82% de mujeres atendidas accedió al aborto a través del modelo de plazos, es decir, durante las primeras 24 semanas de gestación: mientras que el 18 % restante accedieron a través de las causales establecidas por la Sentencia C-355 de 2006, siendo la causal salud la principal, seguida de violencia sexual.
La mayor parte de los casos atendidos por La Mesa correspondió a mujeres entre los 20 y los 29 años (50 %).
El 30 % de los casos correspondió a mujeres que se encontraban en la ciudad de Bogotá, mientras que el 70 % a mujeres que habitaban en otros territorios del país, como Norte de Santander (12 %), Cundinamarca (7 %), Valle del Cauca (7 %), Atlántico y Meta (cada uno con 5 %). Dato que refleja las brechas territoriales en la implementación de la Sentencia.
Del total de los casos en los que se mantuvo comunicación con las mujeres, en el 86 % se logró el acceso al procedimiento después de la asesoría o acompañamiento realizado por La Mesa, y en el 12 % hubo desistimiento de la IVE, principalmente por razones asociadas a las barreras de acceso.

¿Existen retos en la implementación de la Sentencia?

A partir del acompañamiento legal que realizó La Mesa durante el primer año de implementación de la Sentencia C-055, se pudo identificar que, a pesar de esta decisión histórica y de la obligatoriedad de su inmediato cumplimiento, persisten algunas barreras de acceso a la IVE identificadas previamente a esta decisión, que están relacionadas, especialmente, con la falta de información y de reconocimiento de esta sentencia, la interpretación restrictiva de lo establecido por la Corte y las fallas en la prestación de este servicio. Estas barreras provienen, en su mayoría, del sector salud, y afectan diferencialmente a las mujeres que se encuentran en regiones distintas a la capital del país y a aquellas que están en situaciones de vulnerabilidad.

Vale señalar también que, pese a que las mujeres están consultando y solicitando el servicio durante las primeras semanas de gestación, los prestadores y EPS siguen imponiendo barreras de acceso y tardando más tiempo del debido en su garantía lo que, a su vez, señala la necesidad de mantener esfuerzos para la aplicación de las causales despenalizadas después de la semana 24. De este modo, aunque la eliminación del delito está generando que las mujeres ya no tengan miedo de ir al sistema de salud o acudir a organizaciones de sociedad civil, los prestadores no están garantizando efectiva y oportunamente el servicio.

Se requiere que las entidades con funciones de inspección, control y vigilancia en materia de salud (secretarías distritales y departamentales de Salud y Superintendencia Nacional de Salud) investiguen y sancionen a estos prestadores que continúan imponiendo barreras de acceso e incumpliendo el marco legal sobre el derecho a la IVE.

Así mismo, la carencia de datos oficiales sobre la IVE pone de presente la necesidad de tener en el país un sistema de información robusto y actualizado en esta materia, generando mejores hábitos de reporte, de modo que sea posible analizar el comportamiento general de las cifras sobre acceso a la IVE y hacerle seguimiento a la implementación de la sentencia, con los acentos necesarios desde el enfoque diferencial y territorial.

Aunque reconocemos que el aumento en el porcentaje de mujeres que cubrieron el procedimiento a través de su EPS es un avance, todavía persiste un porcentaje importante de mujeres que están afiliadas al sistema de salud pero que deben cubrir sus procedimientos con recursos propios o a través de subsidios. Esto evidencia el desconocimiento de que el servicio de IVE es esencial y urgente, que está cubierto por el Plan de Beneficios en Salud, está exento de copagos y cuotas moderadoras y que, incluso las mujeres que no están afiliadas a este sistema, pueden acceder a través del servicio de urgencias de una IPS sin tener que asumir algún costo por ello. Por lo tanto, es un reto para las EPS asegurar efectivamente este servicio a todas sus usuarias, en todo el territorio nacional, independiente del régimen de afiliación en el que se encuentren.

¿Qué nos depara el futuro de la IVE en Colombia?

Destacamos los avances que ha tenido la garantía del derecho a la IVE durante el primer año de implementación de la sentencia Causa Justa y hacemos un llamado a todos los actores y entidades que tienen competencia en su garantía y promoción para que se consolide el impacto positivo de este fallo y se eliminen completamente las barreras de acceso que persisten. Para que la ganancia histórica que logramos las mujeres en términos de libertad y autonomía reproductiva se materialice a cabalidad, se requieren acciones de distintos tipos y en distintos niveles, que al tiempo que implementen la jurisprudencia y la regulación propia del sector salud, alienten la despenalización social y promuevan una perspectiva de la IVE como un derecho humano fundamental.

Artículo escrito por: María Isabel Niño (Abogada de incidencia de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres) con apoyo de Jianna León (Voluntaria jurídica de La Mesa)

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RESOLUCIÓN
051 DE 2023

La resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud recopiló los estándares constitucionales reconocidos por la Corte Constitucional para la atención integral en salud de la IVE, y las normas técnicas para la realización de este procedimiento de forma segura, oportuna y con calidad. En esta resolución se encuentran, entonces, todas aquellas reglas que deben seguir los actores del sistema de salud en Colombia para la garantía efectiva de este derecho fundamental. Entre dichos estándares recopilados por el Ministerio en la resolución, se destacan los siguientes:

La atención integral en salud para la IVE es esencial y de carácter urgente y, por lo tanto, se debe garantizar en todo el territorio nacional, en todos los niveles de complejidad y en cualquier etapa del embarazo. Así mismo, siempre se debe llevar a cabo de manera inmediata y, solo en casos excepcionales y justificados, se podrá prever un plazo de hasta 5 días calendario, a partir de la solicitud de la IVE, para realizar efectivamente el procedimiento.
La atención y los procedimientos relacionados con la IVE son gratuitos pues están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud y son exentos de copagos y cuotas moderadoras.
El tiempo de gestación que deberá tenerse en cuenta para saber si es necesario identificar alguna causal, debe ser aquel en el que la mujer solicite la IVE y no en el que se programe el procedimiento.
Los profesionales de la salud deben guardar estrictamente el secreto profesional en los casos de IVE. Por ello, no es procedente que realicen algún tipo de reporte o denuncia penal durante o después de la atención pues se trata de un derecho fundamental y servicio de salud esencial, y no de un delito.
Las niñas y adolescentes tienen derecho a la IVE y pueden decidirlo autónomamente sin que se necesaria la autorización de sus padres o terceros. Su deseo de interrumpir o continuar con el embarazo prima sobre los deseos u opiniones de sus padres o representantes legales, aun si ellos no están de acuerdo con su decisión.
Las mujeres extranjeras en condición migratoria regular e irregular tienen derecho a acceder a la IVE dentro del sistema de salud colombiano y dicha atención estará exenta de cobros.
Son prácticas indebidas y prohibidas en la atención a la IVE: realizar juntas médicas; adelantar remisiones a consultas previas de orientación o asesoría; solicitar la autorización de terceros; objetar conciencia institucional o colectivamente; dar información engañosa, entre otras.
Las IPS y EPS están obligadas a garantizar y prestar con oportunidad y calidad el acceso a la IVE, y las secretarías departamentales, distritales y municipales de la salud, por su parte, están obligadas a inspeccionar, vigilar y controlar que las IPS y EPS garanticen efectivamente la IVE siguiendo el marco legal vigente.
Solo los profesionales de la salud encargados de realizar directamente la IVE pueden objetar conciencia. Deben hacerlo por escrito expresando sus razones y el profesional al cual remitirá el caso. Las personas jurídicas no pueden objetar conciencia.
La Superintendencia Nacional de Salud, las secretarías departamentales, distritales y municipales de la salud, las IPS y EPS están obligadas a cumplir cabalmente el marco legal vigente sobre la IVE. En el caso de que lo incumplan, o realicen prácticas discriminatorias, las autoridades competentes aplicarán las sanciones administrativas, disciplinarias o penales a las que haya lugar.

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