Tres organizaciones defensoras de los derechos reproductivos en Colombia presentan ante la Comisión de la Verdad informes que evidencian la violación a los derechos reproductivos en el conflicto armado.

La verdad, justicia, reparación y no repetición por las violaciones a derechos reproductivos en los conflictos armados, ha sido extremadamente limitada a nivel nacional e internacional y la CEV tiene la oportunidad histórica de remediarlo.

 Bogotá 18 de junio de 2020. En vísperas de la conmemoración del Día internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, proclamado por las Naciones Unidas el 19 de junio; Women´s Link Worldwide, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y el Centro de Derechos Reproductivos, presentan ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la Convivencia y la NO Repetición -CEV, tres informes que evidencian las diferentes formas en las que los derechos reproductivos se han vulnerado en el marco del conflicto armado en Colombia tanto por parte del Estado como de grupos armados.

En contextos de conflicto armado alrededor del mundo, las mujeres y niñas han sufrido violaciones a sus derechos reproductivos que van desde esterilizaciones, abortos, embarazos, anticoncepción y maternidades forzadas, y Colombia no ha sido la excepción. Sin embargo, ninguna Comisión de la Verdad en el mundo ha indagado a profundidad sobre el ejercicio de la autonomía reproductiva y la violación de este derecho, y con estos tres informes la CEV tiene la oportunidad histórica de hacerlo y dar recomendaciones de medidas estructurales que protejan el derecho a decidir de las mujeres sobre la maternidad y la gestación.

Con la presentación de su informe “Una violencia sin nombre: violencia reproductiva en el conflicto armado colombiano”, Women´s Link Worldwide ofrece a la CEV el concepto de la violencia reproductiva como una categoría de análisis autónoma que no se limita a actos de naturaleza sexual. Asimismo, da cuenta de que este tipo de violencia fue ejercida por varios actores armados -guerrillas y paramilitares-, y afectó a mujeres excombatientes y niñas reclutadas como política o práctica sistemática y generalizada, así como a mujeres civiles. Se señala así mismo la responsabilidad del Estado por excluir de la Ley de Víctimas a muchas de las víctimas intrafilas por haberse desmovilizado siendo mayores de edad, y por no contar con una categoría de violencia reproductiva en el programa de reparación de la Unidad de Víctimas. Además del informe, se presenta el caso representativo de Helena, quien, como muchas niñas rurales, fue reclutada por las FARC cuando tenía 14 años y obligada a usar anticonceptivos y a abortar.

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres presenta el Informe Contextual sobre el Aborto y la Anticoncepción Forzada a Mujeres Combatientes en el marco del Conflicto Armado, el cual parte de 50 relatos de vivencias de mujeres excombatientes -recopilados de diversas fuentes secundarias-, quienes vivieron vulneraciones a su autonomía reproductiva durante su militancia en distintos grupos guerrilleros. Este documento invita a considerar el impacto en el proyecto de vida de las mujeres, es decir, la alteración en lo que habían proyectado para sí mismas, por supuesto, desde una perspectiva transformadora. Le apunta a que la construcción de la verdad sea una oportunidad para las excombatientes de plantear nuevas perspectivas de vida que partan del reconocimiento de su autonomía sexual y reproductiva.

Por su parte, el Centro de Derechos Reproductivos presenta el informe Violencia reproductiva en el conflicto armado colombiano que expone un análisis con lente de derechos reproductivos y perspectiva de género, con el fin de identificar las principales modalidades de este tipo de violencias ocurridas en el conflicto. Entre ellas, se incluye la violencia reproductiva institucional que se dio como resultado de la denegación de interrupciones voluntarias de embarazos, al igual que al fumigar cultivos ilícitos con glifosato pues el Centro tiene evidencia científica de que la exposición a tal herbicida puede generar impactos negativos como abortos involuntarios o infertilidad.

Este informe del Centro es resultado de un análisis de 68 reportes públicos para rastrear estos distintos repertorios de violencia reproductiva que han sido documentados en el país por organizaciones de sociedad civil y fuentes oficiales.

Peticiones de las organizaciones a la Comisión de la Verdad

• Que se investigue y esclarezca el impacto del conflicto en el ejercicio de los derechos reproductivos tanto de civiles como combatientes, las formas de violencia reproductiva ejercidas por diferentes actores armados, así como las causas estructurales que permitieron la ocurrencia de este tipo de violencias, y las condiciones sociales y culturales que inciden en la invisibilización y naturalización de las violencias reproductivas.
• Que se dimensionen los daños físicos, emocionales y sociales resultantes de la violencia reproductiva sobre víctimas, familias y comunidades, incluyendo su interacción con otras formas de violencia basada en género.
• Que aborde la violencia reproductiva como una categoría independiente de análisis.
• Que esclarezca la responsabilidad del Estado por obstaculizar el acceso a medidas de reparación para las víctimas de violencia reproductiva intrafilas.
• Que en sus recomendaciones finales incluya las medidas de no repetición que se deberían tomar para que las causas históricas y estructurales que dieron lugar a la violación de derechos reproductivos no vuelvan a repetirse en ninguna zona del país. Entre otras, consideramos que estas medidas deberían incluir:
• Que se reforme la Ley de Víctimas para que incluya a todas las víctimas de violencia sexual y reproductiva intrafilas sin importar que se hayan desmovilizado siendo mayores de edad.
• Que la Unidad de Víctimas integre la categoría de violencia reproductiva como una categoría autónoma de hechos victimizantes.
• Que el Estado, en cabeza del Ministerio de Salud y de las Secretarías de Salud a Departamentales, garanticen servicios integrales de salud sexual y reproductiva especialmente en las zonas rurales mayormente afectadas por el conflicto armado. Esto implica garantizar el acceso a información y educación amplia sobre los derechos reproductivos, acceso sin obstáculos a servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de salud materna, entre otros.
• Que recomiende al Estado colombiano eliminar leyes discriminatorias para el ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres, como lo es la persistencia del delito de aborto en el Código Penal, un mecanismo sancionatorio para las mujeres que deciden sobre su cuerpo y proyecto de vida. El reconocimiento pleno del derecho a la autodeterminación reproductiva y, con esto, la eliminación de delito de aborto del Código Penal colombiano es una Causa Justa y un acto reparador que contribuye a la paz, por lo que solicitamos incorporar esta recomendación, de la mano con medidas para asegurar el acceso seguro y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a la decisión autónoma de cada mujer, niña y adolescente, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto armado colombiano.

Todas las mujeres y niñas, ya sean civiles o combatientes, tienen derecho a optar por la maternidad o el aborto legal, tanto en tiempos de guerra como de paz. Nadie, ni el Estado ni los actores armados, pueden decidir por ellas. Sin importar el país o el actor armado, a estas víctimas se les debe garantizar verdad, justicia y reparación.