La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres
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COMUNICADOS
ORGANIZACIONES DE MUJERES SE REÚNEN EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE SABERES Y EXPERIENCIAS POR EL DERECHO AL ABORTO
Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres* aseguran que las barreras de acceso para un aborto legal en Colombia persisten e incluso se han incrementado a pesar de que hace 12 años la Corte Constitucional reconoció este derecho en tres circunstancias.
Bogotá, 10 de mayo de 2018. Hace 12 años, gracias a la histórica sentencia C-355 de 2006, Colombia asumió la vanguardia regional cuando posibilitó que las mujeres accedieran a un aborto legal y seguro en tres circunstancias: cuando la salud o la vida de la mujer estén en riesgo; cuando se presente una incompatibilidad del feto con la vida fuera del útero y cuando el embarazo sea resultado de violación o incesto. A lo largo de estos 12 años se han dado desarrollos judiciales que marcan un precedente regional porque establecen reglas claras para la prestación del servicio.
Sin embargo, en la práctica persisten una cantidad de barreras para las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo de manera legal y segura, específicamente en las EPS, algunas de las cuales de manera recurrente y sistemática interponer toda clase de obstáculos.
Primera barrera: falta de información
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 muestra las brechas de información con respecto al derecho que tienen las mujeres de interrumpir el embarazo en tres circunstancias. En zonas urbanas, el 60 por ciento de la población sabe que las mujeres tienen esta posibilidad en comparación con el 40 por ciento en zona rural. Por nivel educativo, solo el 11 por ciento de las personas sin educación lo saben, en comparación con el 72 por ciento de la población que tiene educación superior.
Si a esta falta de conocimiento se le suman las deficiencias del sistema de salud para informar de manera veraz, oportuna y sin prejuicios sobre la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho, se deduce una primera barrera de acceso.
El acceso al servicio: una carrera contrarreloj
Las ya conocidas demoras para la asignación de citas para cualquier servicio de salud se convierten en un gran obstáculo para las mujeres embarazadas y en una carrera contrarreloj cuando necesitan interrumpir el embarazo por cualquier de las tres circunstancias permitidas en Colombia.
Es muy común que por las demoras propias del sistema de salud, sumadas a las dilaciones injustificadas de las EPS para practicar una interrupción voluntaria del embarazo las mujeres lleguen a edades gestacionales avanzadas en las que se enfrentan mayores obstáculos para acceder a su derecho.
En el caso de las mujeres que viven en zonas apartadas del país, la carrera contra el tiempo es aún más crítica. Por ejemplo, el hospital público más cercano para las mujeres embarazadas de la vereda San Antonio, del municipio de Guapi (Cauca), está en la cabecera municipal. Para llegar hay que tomar una lancha que tarda 30 minutos y cobra 40 mil pesos por trayecto. Por lo general, el hospital de Guapi permanece cerrado por falta de personal médico y no hay equipos que permitan los exámenes que se necesitan. En casos de urgencia, se debe pagar una consulta particular, que cuesta entre 30 y 40 mil pesos, o trasladarse a Cali en avión o en lancha pasando por Buenaventura. ¿Cuántas mujeres embarazadas de la zona rural de Guapi o de municipios con similares condiciones, pueden invertir tanto tiempo y dinero para hacerse controles prenatales permanentes? En circunstancias como estas, es muy probable que el primer control se realice en una edad gestacional avanzada y que en caso de necesitar un interrupción del embarazo, enfrente obstáculos por ello.
En casos como estos las barreras se convierten en una carga desproporcionada para las mujeres ¿Por qué castigarlas a ellas cuando es el sistema de salud el responsable de las demoras?
Algunos casos que muestran los obstáculos que enfrentan mujeres y niñas para acceder a una IVE:
• Cuando Juliana* se enteró de su embarazo celebró junto a su pareja, pues llevaban intentando quedar en embarazo desde hace varios meses. Después de 4 meses una ecografía confirmó que su embarazo era inviable. La EPS a la que está afiliada la hizo pasar por 3 especialistas y una junta médica. Juliana optó por iniciar acciones legales, y solo hasta 6 semanas después le aprobaron el procedimiento.
• Laura tiene 11 años. Llegó a una clínica en compañía de su madre para solicitar una interrupción voluntaria del embarazo, pues venía siendo abusada por su padre desde los 10 años. Laura aún no ha presentado la menarquía, por lo que solo se dio cuenta del embarazo en la semana 23.
Laura manifiesta: “No, no quiero tener un bebé, no quiero ser una mamá”.
Estas, por supuesto, son solo algunas de las barreras a las que se ven sometidas las mujeres. En muchos casos no se les garantiza de manera oportuna el servicio porque no están aseguradas a una EPS por no tener el dinero, por el indebido uso de la objeción de conciencia y porque las entidades prestadoras de salud dilatan injustificadamente el servicio al pedir nuevas valoraciones.
Después de 12 años de promulgada por la Corte Constitucional la Sentencia C-355 y el avance positivo que significó en la protección para las mujeres del país, es necesario eliminar las barreras que impiden que las mujeres conozcan y accedan a la interrupción voluntaria del embarazo cuando tienen derecho a ello. Las organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hacen un llamado al Estado para que les garantice el servicio y facilite la información, el acceso, la disponibilidad, la calidad en la atención de los servicios de aborto de la misma forma en que se accede a otros servicios de salud.
* Centro de Derechos Reproductivos, Católicas por el Derecho a Decidir-Colombia, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Profamilia, Women’s Link Worldwide
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Sonia Mesa González
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Sergio Camacho Iannini
Celular: +57 3508347288
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Jennipher Corredor Sánchez
Comunicadora Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres
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