Ganan las mujeres: Corte Constitucional de Colombia elimina el delito del aborto hasta la semana 24, tras fallar a favor de la demanda del Movimiento Causa Justa.

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GANAN LAS MUJERES: CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA ELIMINA EL DELITO DEL ABORTO HASTA LA SEMANA 24, TRAS FALLAR A FAVOR DE LA DEMANDA DEL MOVIMIENTO CAUSA JUSTA.

La Corte Constitucional eliminó el delito de aborto del Código Penal hasta la semana 24 y decidió mantener la aplicación de las causales después de ese tiempo establecido, conforme con la Sentencia C-355 de 2006, en la que se despenaliza parcialmente el aborto en tres circunstancias específicas.

Foto: Movimiento Causa Justa

Más Fotos Movimiento Causa Justa por Victoria Holguin El Movimiento Causa Justa1 celebra el fallo, Colombia es el primer país de Latinoamericano que elimina el delito de aborto hasta la semana 24.

1 Movimiento nacional conformado por cientos de organizaciones, activistas y actores claves de distintos sectores del país, que exigen que se declare inconstitucional el artículo 122 del Código Penal, por considerar el delito de aborto como la principal barrera para que las mujeres, adolescentes y niñas pueden acceder de manera segura y oportuna al derecho al aborto; y además, que ninguna mujer ni profesional de la salud corra el riesgo de ir a la cárcel por acceder o practicar un aborto consentido. https://causajustaporelaborto.org/ Hoy 21 de febrero de 2021, la Corte Constitucional decidió eliminar el delito de aborto hasta la semana 24 de gestación, y mantiene la aplicación de las causales después de ese tiempo establecido, conforme con la Sentencia C355 de 2006, en la que se despenalizó parcialmente el aborto en tres circunstancias específicas:

Cuando la continuación del embarazo constituye un riesgo para la vida y la salud física, mental y social de la mujer.

Cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero.

iii. Cuando el embarazo sea el resultado de incesto o de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia del óvulo fecundado no consentidas. La decisión supone un avance en el reconocimiento de la libertad y autonomía reproductiva y sitúa a Colombia como el país con el modelo de plazos más amplio de todo el continente. El fallo también trae beneficios a las y los prestadores de servicios de salud, pues podrán realizar el procedimiento de aborto/IVE hasta la semana 24 sin enfrentar la amenaza de una persecución penal. Sin embargo, al mantener el aborto en el ámbito penal y no en el de la salud pública, se permite que continúe la criminalización de mujeres que acceden a este procedimiento. Al respecto, Ana Cristina González Vélez, pionera del movimiento Causa Justa y cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres señala que: “seguiremos insistiendo hasta que deje de usarse este delito que es injusto, ineficaz y contraproducente. Los plazos sin duda reconocen en cierta medida la autonomía de las mujeres hasta una cierta etapa del embarazo, pero no se sustentan en razones científicas y niegan la capacidad de las mujeres para decidir como sujetos morales plenos”. Asimismo, las y los profesionales de la salud estarán expuestos al riesgo de ser criminalizados/as y estigmatizados/as por ejercer su oficio en conciencia luego del plazo establecido para ejecutar el aborto.

Según la Dra. Laura Gil Urbano, cofundadora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir “establecer un plazo, perpetúa las consecuencias que este sistema injusto trae para las mujeres y niñas más vulnerables a la violación de sus derechos fundamentales”. Al respecto, Mariana Ardila, abogada de la dirección legal de Women’s Link Worldwide, señala que: “el sistema de salud debe tomar medidas para garantizar, bajo este nuevo régimen, el acceso sin barreras especialmente a 2 las niñas y mujeres en situaciones de vulnerabilidad y que viven en las regiones más alejadas de los centros de salud.” Desde el movimiento Causa Justa reconocemos que este fallo ha sido fruto del trabajo continuo que venimos haciendo desde el 2017 pues como nunca antes, logramos avanzar en una conversación nacional sobre la importancia de la despenalización del aborto en el país. Seguiremos trabajando por la garantía plena de los derechos sexuales y reproductivos y para que se elimine el delito de aborto del Código Penal; “la despenalización del aborto es un avance necesario para los derechos de las mujeres y un paso esencial para la prestación del aborto en condiciones seguras en todo el país”, apunta Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos. Esperamos que el Congreso de la República propicie un debate constructivo, argumentado y respetuoso de los términos de la Corte y la Constitucion, en torno al derecho al aborto y que asegure el acceso sin barreras a este servicio de salud. Desde Causa Justa nos ofrecemos como interlocutoras para seguir trabajando en torno a este objetivo. Seguiremos trabajando por la implementación de esta decisión en todo el territorio nacional y exigiremos la prestación de los servicios y el acceso oportuno, seguro y sin barreras para las mujeres. “Lo que supone seguir fortaleciendo un entorno de legitimidad frente al derecho a decidir de las mujeres, el ejercicio de su libertad de conciencia y la garantía de la justicia social en el marco del estado laico en Colombia”, afirma Sandra Mazo directora de Católicas por el Derecho a Decidir Colombia.

La libertad de las mujeres en Colombia es y seguirá siendo nuestra causa. #CausaJustaPorElAborto

Para mayor información:

Yuliana Álvarez Giraldo

Trineo Comunicaciones

comunicaciones@trineo.co

Tel: 3204509674

Tatiana García

Trineo Comunicaciones

tgarcia@trineo.co

Tel: 30175450913

Alejandra Ruiz López

Comunicadora social La Mesa por la Vida

comunicacionesmesa@despenalizaciondelaborto.org.co

Tel: 3229472850

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RESOLUCIÓN
051 DE 2023

La resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud recopiló los estándares constitucionales reconocidos por la Corte Constitucional para la atención integral en salud de la IVE, y las normas técnicas para la realización de este procedimiento de forma segura, oportuna y con calidad. En esta resolución se encuentran, entonces, todas aquellas reglas que deben seguir los actores del sistema de salud en Colombia para la garantía efectiva de este derecho fundamental. Entre dichos estándares recopilados por el Ministerio en la resolución, se destacan los siguientes:

La atención integral en salud para la IVE es esencial y de carácter urgente y, por lo tanto, se debe garantizar en todo el territorio nacional, en todos los niveles de complejidad y en cualquier etapa del embarazo. Así mismo, siempre se debe llevar a cabo de manera inmediata y, solo en casos excepcionales y justificados, se podrá prever un plazo de hasta 5 días calendario, a partir de la solicitud de la IVE, para realizar efectivamente el procedimiento.
La atención y los procedimientos relacionados con la IVE son gratuitos pues están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud y son exentos de copagos y cuotas moderadoras.
El tiempo de gestación que deberá tenerse en cuenta para saber si es necesario identificar alguna causal, debe ser aquel en el que la mujer solicite la IVE y no en el que se programe el procedimiento.
Los profesionales de la salud deben guardar estrictamente el secreto profesional en los casos de IVE. Por ello, no es procedente que realicen algún tipo de reporte o denuncia penal durante o después de la atención pues se trata de un derecho fundamental y servicio de salud esencial, y no de un delito.
Las niñas y adolescentes tienen derecho a la IVE y pueden decidirlo autónomamente sin que se necesaria la autorización de sus padres o terceros. Su deseo de interrumpir o continuar con el embarazo prima sobre los deseos u opiniones de sus padres o representantes legales, aun si ellos no están de acuerdo con su decisión.
Las mujeres extranjeras en condición migratoria regular e irregular tienen derecho a acceder a la IVE dentro del sistema de salud colombiano y dicha atención estará exenta de cobros.
Son prácticas indebidas y prohibidas en la atención a la IVE: realizar juntas médicas; adelantar remisiones a consultas previas de orientación o asesoría; solicitar la autorización de terceros; objetar conciencia institucional o colectivamente; dar información engañosa, entre otras.
Las IPS y EPS están obligadas a garantizar y prestar con oportunidad y calidad el acceso a la IVE, y las secretarías departamentales, distritales y municipales de la salud, por su parte, están obligadas a inspeccionar, vigilar y controlar que las IPS y EPS garanticen efectivamente la IVE siguiendo el marco legal vigente.
Solo los profesionales de la salud encargados de realizar directamente la IVE pueden objetar conciencia. Deben hacerlo por escrito expresando sus razones y el profesional al cual remitirá el caso. Las personas jurídicas no pueden objetar conciencia.
La Superintendencia Nacional de Salud, las secretarías departamentales, distritales y municipales de la salud, las IPS y EPS están obligadas a cumplir cabalmente el marco legal vigente sobre la IVE. En el caso de que lo incumplan, o realicen prácticas discriminatorias, las autoridades competentes aplicarán las sanciones administrativas, disciplinarias o penales a las que haya lugar.

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