Organizaciones de derechos humanos y de mujeres piden a la Corte Constitucional no poner más obstáculos al aborto en Colombia

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Organizaciones de derechos humanos y de mujeres piden a la Corte Constitucional no poner más obstáculos al aborto en Colombia

#CorteNoLimiteElAborto

La Corte Constitucional examina la posibilidad de limitar las semanas en las que las mujeres pueden interrumpir voluntariamente un embarazo en Colombia.
Seis organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos consideran que, de prosperar esta propuesta, aumentarán los obstáculos para acceder a este derecho. Por esa razón, le piden a la Corte que decida a favor de los derechos de las mujeres.
En Colombia las mujeres abortan en edades gestacionales avanzadas debido a las múltiples barreras que persisten en el sistema de salud. Esto pone en riesgo sus vidas, su salud y el ejercicio de su derecho por el aborto legal.

En las próximas semanas la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunirá para evaluar el caso de una mujer que enfrentó múltiples barreras para acceder a un aborto legal y que solo pudo obtener este procedimiento seis semanas después gracias a una tutela. La Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, el Centro de Derechos Reproductivos, Profamilia, Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, Women’s Link Worldwide y Dejusticia temen que este alto tribunal limite las semanas en las que una mujer puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, pues argumentan que esto pondría en riesgo sus vidas, su salud y aumentaría las barreras existentes que impiden la garantía de este derecho

Las organizaciones firmantes presentaron diferentes intervenciones ante la Corte Constitucional en las que mostraron la inconveniencia de restringir este derecho. Explicaron que, por un lado, el peligro para la vida o salud de la mujer y la inviabilidad fetal –que son causales de aborto permitidas en Colombia– podrían diagnosticarse en semanas avanzadas del embarazo y, por lo tanto, un límite de tiempo sería incompatible con estas causales. Por otro lado, este requisito adicional aumentaría las barreras que ya existen para las mujeres que necesitan acceder a este derecho.

Hoy en día, dentro del sistema de salud, existen múltiples barreras que alargan el tiempo de espera de las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo e impiden que su decisión sea libre, consentida e informada. Es común que las EPS, los hospitales y profesionales no estén bien informados y desconozcan las causales despenalizadas. Es usual que les pidan a las mujeres requisitos adicionales a los exigidos legalmente. La falta de centros médicos que realizan este procedimiento es otro obstáculo que no permite a las mujeres –especialmente en las zonas rurales del país– acceder a un aborto legal, seguro y oportuno. A esto se suma, además, el reproche cultural que cae sobre las mujeres que tienen el derecho a abortar y voluntariamente quieren hacerlo.

Por estas razones, las organizaciones le piden a la Corte Constitucional que no limite las semanas en las que las mujeres pueden acceder a un aborto legal y seguro. Por el contrario, es necesario que la Corte contribuya a eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer su derecho, especialmente las que habitan en áreas rurales, las más pobres y las que tienen menos acceso a información. Imponer más barreras al acceso a este derecho obligará a las mujeres a seguir acudiendo abortos clandestinos o a llevar a término embarazos que amenazan su salud y sus vidas. Esto último ha sido considerado por la Corte Constitucional como una carga desproporcionada para las mujeres y, por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como una violación al derecho a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Cabe recordar que, desde hace 12 años, el aborto en Colombia es legal en tres circunstancias: cuando la salud o la vida de la mujer están en riesgo, cuando se presente una incompatibilidad del feto con la vida fuera del útero y cuando el embarazo sea resultado de una violación o incesto.

Para mayor información, contacte a los encargados de prensa de las organizaciones firmantes:

Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres

Jennipher Corredor

+57 3229472850

comunicacionesmesa@despenalizaciondelaborto.org.co

Dejusticia

Mariana Escobar

+57 301 4000362

mescobar@dejusticia.org

Women’s Link Worldwide

Sergio Camacho

+57 350 8347288

s.camacho@womenslinkworldwide.org

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RESOLUCIÓN
051 DE 2023

La resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud recopiló los estándares constitucionales reconocidos por la Corte Constitucional para la atención integral en salud de la IVE, y las normas técnicas para la realización de este procedimiento de forma segura, oportuna y con calidad. En esta resolución se encuentran, entonces, todas aquellas reglas que deben seguir los actores del sistema de salud en Colombia para la garantía efectiva de este derecho fundamental. Entre dichos estándares recopilados por el Ministerio en la resolución, se destacan los siguientes:

La atención integral en salud para la IVE es esencial y de carácter urgente y, por lo tanto, se debe garantizar en todo el territorio nacional, en todos los niveles de complejidad y en cualquier etapa del embarazo. Así mismo, siempre se debe llevar a cabo de manera inmediata y, solo en casos excepcionales y justificados, se podrá prever un plazo de hasta 5 días calendario, a partir de la solicitud de la IVE, para realizar efectivamente el procedimiento.
La atención y los procedimientos relacionados con la IVE son gratuitos pues están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud y son exentos de copagos y cuotas moderadoras.
El tiempo de gestación que deberá tenerse en cuenta para saber si es necesario identificar alguna causal, debe ser aquel en el que la mujer solicite la IVE y no en el que se programe el procedimiento.
Los profesionales de la salud deben guardar estrictamente el secreto profesional en los casos de IVE. Por ello, no es procedente que realicen algún tipo de reporte o denuncia penal durante o después de la atención pues se trata de un derecho fundamental y servicio de salud esencial, y no de un delito.
Las niñas y adolescentes tienen derecho a la IVE y pueden decidirlo autónomamente sin que se necesaria la autorización de sus padres o terceros. Su deseo de interrumpir o continuar con el embarazo prima sobre los deseos u opiniones de sus padres o representantes legales, aun si ellos no están de acuerdo con su decisión.
Las mujeres extranjeras en condición migratoria regular e irregular tienen derecho a acceder a la IVE dentro del sistema de salud colombiano y dicha atención estará exenta de cobros.
Son prácticas indebidas y prohibidas en la atención a la IVE: realizar juntas médicas; adelantar remisiones a consultas previas de orientación o asesoría; solicitar la autorización de terceros; objetar conciencia institucional o colectivamente; dar información engañosa, entre otras.
Las IPS y EPS están obligadas a garantizar y prestar con oportunidad y calidad el acceso a la IVE, y las secretarías departamentales, distritales y municipales de la salud, por su parte, están obligadas a inspeccionar, vigilar y controlar que las IPS y EPS garanticen efectivamente la IVE siguiendo el marco legal vigente.
Solo los profesionales de la salud encargados de realizar directamente la IVE pueden objetar conciencia. Deben hacerlo por escrito expresando sus razones y el profesional al cual remitirá el caso. Las personas jurídicas no pueden objetar conciencia.
La Superintendencia Nacional de Salud, las secretarías departamentales, distritales y municipales de la salud, las IPS y EPS están obligadas a cumplir cabalmente el marco legal vigente sobre la IVE. En el caso de que lo incumplan, o realicen prácticas discriminatorias, las autoridades competentes aplicarán las sanciones administrativas, disciplinarias o penales a las que haya lugar.

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