Así lo revela el informe La Criminalización del aborto en Colombia, que se presentará el próximo 25 de agosto, cuya investigación destaca que alrededor de 400 casos son llevados ante la justicia penal anualmente y que son las mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad quienes están en mayor riesgo de ser criminalizadas. De esta manera, un 12.5% de los casos de aborto perseguidos por la justicia colombiana corresponden a mujeres entre los 14 y 17 años; y un 24% de los casos que derivan en condena, corresponden a mujeres menores de edad .
Los hallazgos de este informe, realizado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en alianza con la profesora adscrita a la Universidad de Los Andes, Isabel Cristina Jaramillo Sierra, Doctora en leyes de Harvard, y su equipo de investigación, resultan cruciales para entender la pertinencia y necesidad de eliminar el delito de aborto del Código Penal como lo demanda ante la Corte Constitucional el movimiento Causa Justa.

Cabe resaltar que los cinco departamentos en Colombia en los que se producen mayores condenas por aborto son Caldas (el 18.48 % de los hechos que dan inicio a un caso terminan en condenas); Boyacá (13.94 %); Santander (10.61 %); Tolima (8.48 %); y Norte de Santander (6.67 %). Bogotá es una de las ciudades en la que, la mayoría de casos de criminalización contra las mujeres que deciden practicarse un aborto derivan en condena (13.33 %).

Asimismo, el informe evidencia que las mujeres que deciden abortar tienen mayor probabilidad de sufrir procesos de persecución por parte de la justicia, que de recibir su respaldo cuando son víctimas de delitos asociados a violencias basadas en género. Es así como las condenas contra las Mujeres que deciden abortar representan un 7,6 % de los casos, mientras que para los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento las condenas representan un 1.14% y 3.38% respectivamente de los casos.

De hecho, el sistema de información de la Fis¬calía General de la Nación constató que el «29,11 % de las mujeres indiciadas por aborto (910 mujeres) han sido vinculadas en calidad de víctimas de algún delito», y que «42 % de estas mujeres presentó un historial de victi¬mización previa» por delitos de «violencia intrafamiliar (12 %), lesiones personales (10 %), delitos sexuales (8 %), entre otros .

Al respecto, Ana Cristina González Vélez, cofundadora de La Mesa por la Vida y del Grupo Médico por el derecho a Decidir y pionera del Movimiento Causa Justa, señala que “el sistema colombiano opera tendenciosamente para con¬denar a las mujeres que deciden abortar y, en cambio, exonera a los hombres que ejercen violencia contra las muje¬res, en el caso de la justicia”.

El informe señala también que el personal de salud antes que atender y brindar los servicios de salud de IVE, prioriza reportar estos casos como delito, vulnerando la salud y el bienestar de la paciente, así como su derecho a la privacidad protegido por el secreto médico. Frente a este tema, la profesora Isabel Cristina Jaramillo apunta que “sabemos que el personal de salud, con mucha frecuencia, pone en conocimiento de las autoridades la llegada de mujeres con complicaciones en sus abortos; lo hacen incluso antes de que algún médico evalúe la situación y determine si el aborto fue inducido o no […] esta vulneración de normas éticas básicas por parte del personal de salud aumenta la desconfianza que las mujeres sienten hacia el sistema de salud y los médicos en general, lo cual se convierte en un verdadero obstáculo para el acceso al procedimiento”.

La profundización de estas y otras cifras sobre la criminalización del aborto en Colombia, serán presentadas en un evento virtual, el próximo miércoles 25 de agosto a las 10:00 am a través del canal de YouTube de La Mesa, que contará con la moderación de Gabriela Tafur, abogada y comentaristas; y la participación de: Ana Cristina González, médica cofundadora de La Mesa por la Vida; Isabel Cristina Jaramillo, profesora titular de la Universidad de Los Andes; y Catalina Torres, Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional.

Tatiana García

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