Migrantes venezolanas viven mayores barreras de acceso al aborto legal

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Migrantes venezolanas viven mayores barreras de acceso al aborto legal

Foto del lanzamiento del informe, el cual tuvo lugar el 3 de diciembre en Cúcuta

Además de enfrentar las mismas barreras que las mujeres colombianas, para las migrantes venezolanas se recrudecen debido a su situación migratoria, en muchas ocasiones las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de la red pública les niegan el servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) o les solicitan requisitos adicionales, revela el informe “Migrantes venezolanas en Colombia: barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, cuyo lanzamiento tendrá lugar el 3 de diciembre en Cúcuta.

El informe, realizado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Oriéntame, en alianza con la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete, y con la colaboración de Médicos del Mundo, evidencia las barreras que enfrentan niñas, jóvenes y mujeres migrantes venezolanas cuando solicitan el servicio de IVE en Colombia, el cual se encuentra despenalizado en tres circunstancias mediante la Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional^[1].

En el documento también se presentan algunos casos de mujeres migrantes que han enfrentado barreras para acceder a abortos seguros en Colombia, lo cual permite reconocer la importancia de garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos (DSDR) para todas las mujeres independientemente de su situación migratoria.

Entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019, La Mesa hizo acompañamiento legal a 21 migrantes venezolanas para acceder a la IVE y tuvo conocimiento de otros casos acompañados por organizaciones aliadas. Al analizar los distintos casos, se pudo establecer que las migrantes venezolanas no solo enfrentaron las mismas barreras de acceso que las mujeres colombianas cuando buscaron acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sino que estas barreras tuvieron particularidades debido a su situación migratoria.

¿Cuáles son las principales barreras que se pudieron identificar?

Entre las barreras que enfrentan las mujeres migrantes venezolanas se encuentra que desconocen que en Colombia el aborto es un derecho fundamental. Como resultado, las mujeres no acuden a la red hospitalaria, temiendo consecuencias para ellas como la criminalización o la deportación^[2], lo que aumenta el riesgo de que recurran a abortos inseguros y de maternidades forzadas.

Otra de las barreras identificadas es la interpretación restrictiva que los prestadores de servicios de salud hacen del marco legal, basándose en el estatus migratorio^[3] irregular de las mujeres venezolanas que solicitan servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente de la IVE; que se evidencia en la negación de servicios, la exigencia de documentación o de requerimientos adicionales como el Permiso Especial de Permanencia o el Salvoconducto. Tanto la Corte Constitucional como el Ministerio de Salud han señalado que la población migrante debe ser atendida por urgencias, servicios entre los que se encuentra la atención del embarazo, incluido el servicio de IVE.

Otras fallas asociadas a la prestación de servicios de salud es que las IPS no cuentan con protocolos o rutas de atención para las migrantes en condición de permanencia irregular. En efecto, son víctimas de malos tratos, violencia obstétrica, se les niega el suministro de medicamentos para el dolor, se les vulnera su derecho a la intimidad y se les discrimina debido a su nacionalidad.

Por otra parte, se presentan fallas en el proceso de interposición de la denuncia por violencia sexual lo que implica una barrera para acceder a la IVE por esta causal. La denuncia no es recibida por las autoridades colombianas cuando los hechos no ocurrieron en territorio colombiano.

Las barreras en gran parte tienen origen en los limitados recursos públicos que se destinan a la atención en salud de la población migrante, debido a que no hay un pagador para estos servicios, lo cual repercute en la negación de la atención.

El Estado colombiano tiene la urgente necesidad de avanzar hacia la efectiva garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres sin importar su estatus migratorio. En este sentido, se deben tomar medidas administrativas y de gasto público que garanticen el pleno derecho de las mujeres a la IVE, sin ninguna clase de distinción o trato discriminatorio contra las mujeres, jóvenes y niñas migrantes.

^[1] Riesgo para la vida o la salud de la mujer, embarazo producto de violencia sexual y malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia de Constitucionalidad 355 de 2006. Magistrados Ponentes: Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández.

^[2] El temor a la deportación al momento de la consulta médica también ha sido informada por medios de comunicación para otro tipo de servicios de salud. Véase: Noticias Caracol. Por temor a ser deportados, venezolanos ilegales en Colombia casi ven morir a su bebé. 23 de mayo de 2018. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=HttbXrKS0hc

^[3] Las mujeres migrantes con estatus migratorio irregular que no se encuentran afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud, deben ser atendidas en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de la red pública y acceder a los servicios de salud incluida la IVE de manera urgente y prioritaria. Los requisitos que deben presentar corresponden a los establecidos en la Sentencia C-355 de 2006 para cada una de las causales.

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RESOLUCIÓN
051 DE 2023

La resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud recopiló los estándares constitucionales reconocidos por la Corte Constitucional para la atención integral en salud de la IVE, y las normas técnicas para la realización de este procedimiento de forma segura, oportuna y con calidad. En esta resolución se encuentran, entonces, todas aquellas reglas que deben seguir los actores del sistema de salud en Colombia para la garantía efectiva de este derecho fundamental. Entre dichos estándares recopilados por el Ministerio en la resolución, se destacan los siguientes:

La atención integral en salud para la IVE es esencial y de carácter urgente y, por lo tanto, se debe garantizar en todo el territorio nacional, en todos los niveles de complejidad y en cualquier etapa del embarazo. Así mismo, siempre se debe llevar a cabo de manera inmediata y, solo en casos excepcionales y justificados, se podrá prever un plazo de hasta 5 días calendario, a partir de la solicitud de la IVE, para realizar efectivamente el procedimiento.
La atención y los procedimientos relacionados con la IVE son gratuitos pues están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud y son exentos de copagos y cuotas moderadoras.
El tiempo de gestación que deberá tenerse en cuenta para saber si es necesario identificar alguna causal, debe ser aquel en el que la mujer solicite la IVE y no en el que se programe el procedimiento.
Los profesionales de la salud deben guardar estrictamente el secreto profesional en los casos de IVE. Por ello, no es procedente que realicen algún tipo de reporte o denuncia penal durante o después de la atención pues se trata de un derecho fundamental y servicio de salud esencial, y no de un delito.
Las niñas y adolescentes tienen derecho a la IVE y pueden decidirlo autónomamente sin que se necesaria la autorización de sus padres o terceros. Su deseo de interrumpir o continuar con el embarazo prima sobre los deseos u opiniones de sus padres o representantes legales, aun si ellos no están de acuerdo con su decisión.
Las mujeres extranjeras en condición migratoria regular e irregular tienen derecho a acceder a la IVE dentro del sistema de salud colombiano y dicha atención estará exenta de cobros.
Son prácticas indebidas y prohibidas en la atención a la IVE: realizar juntas médicas; adelantar remisiones a consultas previas de orientación o asesoría; solicitar la autorización de terceros; objetar conciencia institucional o colectivamente; dar información engañosa, entre otras.
Las IPS y EPS están obligadas a garantizar y prestar con oportunidad y calidad el acceso a la IVE, y las secretarías departamentales, distritales y municipales de la salud, por su parte, están obligadas a inspeccionar, vigilar y controlar que las IPS y EPS garanticen efectivamente la IVE siguiendo el marco legal vigente.
Solo los profesionales de la salud encargados de realizar directamente la IVE pueden objetar conciencia. Deben hacerlo por escrito expresando sus razones y el profesional al cual remitirá el caso. Las personas jurídicas no pueden objetar conciencia.
La Superintendencia Nacional de Salud, las secretarías departamentales, distritales y municipales de la salud, las IPS y EPS están obligadas a cumplir cabalmente el marco legal vigente sobre la IVE. En el caso de que lo incumplan, o realicen prácticas discriminatorias, las autoridades competentes aplicarán las sanciones administrativas, disciplinarias o penales a las que haya lugar.

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